Tener una multa de Hacienda o de la Seguridad Social no cierra, por sí solo, la puerta de la Ley de Segunda Oportunidad. En la sentencia 1657/2026, de 27 de octubre, el Tribunal Supremo mantiene la cancelación de deudas de una persona sancionada por la Seguridad Social por una infracción grave. Lo decisivo es la gravedad de la sanción y si está justificado negar la exoneración por ella.
Lo esencial de la sentencia
- Una sanción grave no impide la exoneración. Da igual que la ponga Hacienda o la Seguridad Social: el Supremo trata igual a las dos (SSTS 1552/2026 y 1657/2026).
- Superar los 5.000 euros tampoco la impide de forma automática. En la STS 1551/2026 se concedió la exoneración con sanciones graves sin pagar de 8.893,84 euros.
- Una sanción muy grave sí puede impedirla del todo. Si es firme, de los diez años anteriores a la solicitud y no está pagada entera al presentarla, se pierde la exoneración de todas las deudas, también las de bancos y particulares (STS 259/2026). No basta con dejar fuera la multa.
- Ser responsable de las deudas de una empresa no basta para perderla. Si Hacienda le deriva la deuda a un administrador, hay que probar una conducta fraudulenta comparable a una infracción muy grave (STS 1659/2026).
- Obtener la exoneración no cancela toda la deuda pública. Después hay que ver qué parte de lo que reclama la Administración se cancela y qué parte se mantiene (STS 260/2026).
Qué hacemos si tienes una sanción de Hacienda o de la Seguridad Social
Antes de pedir la exoneración revisamos la sanción: si es grave o muy grave, si es firme, de qué fecha es y si está pagada. Después calculamos qué parte de la deuda con Hacienda o con la Seguridad Social podría cancelarse y cuál no. Así sabes desde el principio qué puedes esperar.
Puedes leer cómo funciona el procedimiento en nuestra página de la Ley de Segunda Oportunidad en Asturias, con despacho en Oviedo, Gijón y Avilés. También hemos explicado qué pasa con los recargos e intereses de Hacienda y por qué no cabe un plan de pagos si no tienes bienes. Si tienes una sanción y quieres saber cómo te afecta, consúltanos.
Comentario del despacho
Lo que sigue es el comentario del despacho sobre la sentencia: Las sanciones administrativas ante la segunda oportunidad. Comentario a la STS 1657 de 2026 y a su relación con la jurisprudencia de la Sala Primera (Cueva y Roza · Despacho de abogados, 14 de noviembre de 2026).
La existencia de una sanción administrativa no ofrece, por sí sola, una respuesta a la cuestión de si un deudor puede acogerse a la segunda oportunidad. Es necesario saber qué infracción se ha cometido, qué requisitos concurren y, sobre todo, qué consecuencia se pretende extraer de ella. Una cosa es negar al deudor toda exoneración y otra mantener una deuda concreta fuera de su alcance. Confundir ambas decisiones conduce a atribuir a las sanciones efectos que ni la ley ni la jurisprudencia permiten generalizar.
La STS 1657/2026, de 27 de octubre constituye una buena ocasión para examinar esa diferencia. La Sala Primera desestima el recurso de la Tesorería General de la Seguridad Social y mantiene la exoneración de una deudora sancionada por una infracción grave. Su interés reside en cómo consolida la doctrina de octubre sobre las graves y la relaciona con el criterio, más restrictivo, aplicado en febrero a las muy graves (rec. 7745/2025; ROJ STS 4405/2026; ECLI:ES:TS:2026:4405; FD segundo.3–5).
Desde Cueva y Roza consideramos acertada esa delimitación. La segunda oportunidad exige comprobar las causas legales que impiden concederla, pero una sanción no puede convertirse en una exclusión general mediante una lectura que prescinda de su gravedad y de la justificación del impedimento. Para comprender el alcance de la sentencia es preciso leerla junto con las SSTS 259/2026, 1551/2026, 1552/2026, 1659/2026 y 260/2026. Cada una resuelve una parte del problema y ninguna permite sustituir el examen de las demás.
El concurso y la exoneración responden a decisiones distintas
El asunto comentado se desarrolló dentro de un concurso sin masa declarado el 2 de julio de 2024. La TGSS opuso una sanción de 1.629,97 euros, confirmada por resolución firme de 8 de agosto de 2019, por el impago de cuotas de noviembre de 2018 y enero y febrero de 2019. La infracción estaba calificada como grave conforme al artículo 22.3 LISOS y la sanción se había impuesto en grado mínimo. El juzgado denegó la exoneración; la apelación la concedió y el Supremo mantuvo este resultado.
La secuencia procesal aclara la primera cuestión: no se discutía si la deudora podía ser declarada en concurso, sino si tenía derecho a obtener la exoneración del pasivo insatisfecho. El artículo 487 TRLC regula circunstancias que impiden conceder ese beneficio. Su aplicación no debe presentarse como una prohibición autónoma de tramitar el concurso ni como una mera limitación de las deudas que se cancelan.
En el caso de las infracciones muy graves tributarias, de Seguridad Social o del orden social, el artículo 487.1.2.º exige una resolución administrativa firme dentro de los diez años anteriores a la solicitud. La exclusión no opera si, en la fecha de presentación, se ha satisfecho íntegramente la responsabilidad. Cuando concurren los presupuestos del impedimento, la consecuencia alcanza a toda la EPI, también respecto de las deudas privadas. Por eso no basta ofrecer que la sanción quede pendiente de pago.
El artículo 489.1.6.º se ocupa de un problema diferente. Determina que las deudas por sanciones administrativas muy graves quedan fuera de la exoneración, aunque el deudor pueda acceder a ella. Este precepto no restringe la exclusión a las materias tributaria y social ni reproduce el plazo decenal del artículo 487. La diferencia entre ambos artículos es, por tanto, sustantiva: uno afecta al derecho del deudor a obtener el beneficio; el otro, a la subsistencia de un crédito concreto.
Las muy graves y el alcance de la STS 259 de 2026
La STS 259/2026, de 18 de febrero ofrece la respuesta más clara cuando la sanción deriva de una infracción tributaria muy grave. La Sala Primera confirma la denegación de la EPI y vincula la justificación de la exclusión con el fraude, el engaño o la negligencia grave que desmerecen la segunda oportunidad (rec. 10141/2023; ROJ STS 441/2026; ECLI:ES:TS:2026:441; FD segundo.8).
El antecedente que mejor muestra su alcance es la petición subsidiaria de una exoneración que dejase fuera los créditos públicos. Esa delimitación no evitó la denegación. El problema no se resolvía conservando el derecho de cobro de la Administración, porque la causa aplicada afectaba a la aptitud del deudor para obtener la EPI. La sentencia resulta así decisiva para rechazar la idea de que una infracción muy grave solo obliga a mantener viva la multa mientras se cancelan las demás deudas.
A nuestro juicio, esta resolución debe ocupar un lugar central en cualquier valoración de las posibilidades de exoneración cuando existe una sanción muy grave. Invocar las sentencias favorables sobre infracciones graves exige explicar previamente por qué el supuesto no queda comprendido en el criterio de febrero. La STS 1657/2026 no rectifica ese criterio: parte de que las dos categorías reciben una respuesta distinta porque la justificación de la exclusión no es la misma.
La STS 259/2026 añade una consecuencia procesal relevante. El juez debe comprobar los presupuestos de la exoneración aunque ningún acreedor se oponga, sin confundir ese control en primera instancia con los límites del tribunal de apelación (FD segundo.2–3). Una solicitud puede, por tanto, ser examinada y finalmente denegada por una causa material. Eso sigue siendo distinto de impedir la declaración del concurso.
Las graves y la insuficiencia del mero umbral económico
La lectura del segundo párrafo del artículo 487.1.2.º puede llevar a pensar que, tratándose de infracciones graves, la cuestión se agota en comprobar el importe de la sanción. El precepto se refiere al 50 % de la cuantía susceptible de exoneración frente a la AEAT y contempla la salvedad del pago íntegro. Sin embargo, la jurisprudencia de octubre impide convertir la referencia práctica a 5.000 euros en una respuesta automática de denegación.
La STS 1551/2026, de 2 de octubre concede la EPI pese a existir sanciones tributarias graves impagadas por 8.893,84 euros. La Sala Primera no aprecia en las graves el componente fraudulento que había permitido justificar la exclusión por muy graves y examina después, separadamente, qué parte del crédito público resulta exonerable (rec. 1300/2026; ROJ STS 4011/2026; ECLI:ES:TS:2026:4011; FD segundo.8–9 y tercero).
Esta sentencia es especialmente significativa porque supera la explicación basada en la escasa cuantía de una multa. El importe excedía de 5.000 euros y, aun así, se concedió la exoneración. El Tribunal no se limita a permitir que el juez modere una consecuencia por equidad: examina si la exclusión de esa categoría de infracciones está justificada conforme a la finalidad de la institución. Reducir su doctrina a una ponderación añadida al cálculo del umbral dejaría fuera la razón esencial de la decisión.
La utilidad de la STS 1551/2026 debe acompañarse de una precisión. La AEAT intentó introducir en la oposición a la casación la causa del artículo 487.1.6.º, relativa a información falsa o engañosa o a un comportamiento temerario o negligente. La Sala rechazó ese planteamiento por extemporáneo, sin decidir que tal causa nunca pudiera concurrir (FD segundo.2). La infracción grave no inmuniza frente a otros impedimentos: estos requieren su propio fundamento y un planteamiento procesal oportuno.
La STS 1552/2026, también de 2 de octubre, lleva esa misma lógica al ámbito de la Seguridad Social. Desestima el recurso de la TGSS y mantiene la EPI frente a una sanción grave de 3.126 euros por no comunicar oportunamente el ingreso de una trabajadora (Sala Primera; rec. 10121/2024; ROJ STS 4049/2026; ECLI:ES:TS:2026:4049; FD segundo.3 y 10). Es el precedente que la sentencia comentada asume expresamente.
La TGSS defendía que la expresión «muy graves» solo calificaba las infracciones tributarias y que cualquier infracción de Seguridad Social bastaba para impedir la exoneración. El Supremo rechaza esa disparidad. El régimen de las graves comprende también las de Seguridad Social; la referencia a la AEAT remite a una cuantía y no reserva a los deudores tributarios un tratamiento que se niegue a los demás.
La aportación de la STS 1552/2026 consiste en evitar que la identidad de la Administración acreedora determine una exclusión más intensa. Leída con la STS 1551/2026, la igualdad de tratamiento no puede reducirse a proteger sanciones inferiores al umbral. Ambas resoluciones obligan a distinguir la gravedad y a examinar la justificación de la causa excluyente. Esta es la continuidad que la STS 1657/2026 confirma.
La derivación de responsabilidad exige atender a la conducta
La STS 1659/2026, de 27 de octubre, aborda otra causa incluida en el mismo ordinal: el acuerdo firme de derivación de responsabilidad. En el supuesto de responsabilidad tributaria subsidiaria de un administrador, la Sala Primera exige que se acredite una conducta fraudulenta equiparable a la merecedora de una sanción por infracción muy grave. La simple inobservancia apreciada en el acuerdo no satisface esa exigencia (rec. 11622/2025; ROJ STS 4356/2026; ECLI:ES:TS:2026:4356; FD segundo.4–6).
Su importancia reside en impedir que la firmeza del acuerdo sustituya el examen de la conducta que justificaría privar al administrador de toda exoneración. La derivación determina una responsabilidad, pero no demuestra por sí sola que el afectado haya incurrido en un comportamiento equiparable al sancionado como muy grave. Convertir cualquier deuda derivada en una prueba automática de falta de buena fe vaciaría de contenido esa exigencia.
La relación con la STS 1657/2026 es clara: ambas rechazan que una categoría formal baste para producir la exclusión sin atender a su fundamento. No obstante, los supuestos deben mantenerse separados. La doctrina sobre derivación no permite neutralizar, sin más, una sanción muy grave impuesta directamente al deudor. En ese caso será necesario afrontar el régimen examinado por la STS 259/2026.
La deuda sancionadora después de reconocerse la exoneración
La STS 260/2026, de 18 de febrero, completa el análisis desde la extensión de la EPI. Al interpretar el artículo 489.1.5.º, la Sala Primera considera exonerable el crédito público subordinado y aplica al resto las limitaciones cuantitativas correspondientes. La STS 1551/2026 reitera esa doctrina después de reconocer el acceso al beneficio (rec. 10/2024; ROJ STS 436/2026; ECLI:ES:TS:2026:436; FD segundo.6–9).
Su relevancia para las sanciones deriva de la clasificación subordinada que el artículo 281.1.4.º atribuye a las multas y demás sanciones pecuniarias. La sentencia obliga a distinguir esas partidas de las cuotas, del principal o de otros conceptos públicos. Por ello, vencer la oposición basada en el artículo 487 no equivale a resolver de una vez el tratamiento de todo el saldo que reclama la Administración.
Tampoco la subordinación concursal permite prescindir de la exclusión específica del artículo 489.1.6.º para las sanciones administrativas muy graves. La doctrina de la STS 260/2026 sobre el crédito público no declara inaplicable ese precepto. Entendemos que ambos deben interpretarse conjuntamente: la clasificación del crédito y su exonerabilidad son cuestiones relacionadas, pero no idénticas. Esta conclusión sistemática no debe presentarse como un fallo que hubiera declarado exonerable una sanción muy grave.
La distinción se aprecia en la propia STS 1657/2026. La multa ascendía a 1.629,97 euros, mientras que el saldo concursal certificado era de 1.625,27 euros y agrupaba créditos privilegiados, ordinarios y subordinados. Las cifras no son intercambiables. Mantener la exoneración reconocida en apelación no supone declarar extinguida sin límites toda la deuda pública ni identificar todo el saldo pendiente con la sanción.
Qué aporta la sentencia comentada y hasta dónde llega
La STS 1657/2026 sostiene su decisión sobre dos razones que deben leerse conjuntamente. La primera es la interpretación común de las infracciones tributarias y de Seguridad Social, tomada de la STS 1552/2026. La segunda, desarrollada en los fundamentos segundo.4–5, es el control de justificación de la exclusión. Una causa puede estar definida en la ley y, sin embargo, requerir un examen de las razones que permiten privar al deudor del beneficio.
La Sala desarrolla ese examen a partir del artículo 23 de la Directiva 2019/1023 y de la interpretación europea que incorpora a su razonamiento. Ante la falta de explicación en el preámbulo y en la tramitación legislativa, busca la justificación en el Derecho nacional y en la finalidad de la segunda oportunidad. Encuentra para las muy graves el componente que había sustentado la doctrina de febrero, pero no lo aprecia en la tipificación de las graves. En materia social, contrapone determinadas conductas fraudulentas o falsarias del artículo 23 LISOS a las infracciones graves del artículo 22.
Valoramos favorablemente que la sentencia mantenga esa exigencia. De aceptarse la tesis de la TGSS, una infracción social de menor entidad podría cerrar toda la segunda oportunidad mientras una tributaria grave permitiera obtenerla. El rechazo de esa diferencia aporta coherencia al sistema y evita identificar la buena fe concursal con la ausencia de cualquier sanción administrativa. La brevedad de la fundamentación final no reduce su valor: la remisión expresa al precedente muestra que se está consolidando un criterio de la Sala.
La comparación entre graves y muy graves requiere, sin embargo, una lectura precisa. El artículo 191.4 LGT contempla también como muy grave el impago de retenciones practicadas o ingresos a cuenta repercutidos cuando representan más del 50 % de la base de la sanción, aunque no se hayan utilizado medios fraudulentos. La STS 259/2026 se refiere a una regla general y menciona asimismo el engaño o la negligencia grave. Por tanto, la ausencia de medios fraudulentos en sentido técnico no elimina automáticamente el impedimento: deben examinarse el tipo y la conducta sancionada.
La STS 1657/2026 no resuelve un supuesto muy grave ni reconoce una excepción general para las muy graves no dolosas. Tampoco permite alterar la calificación de la infracción por la cuantía o por el grado de la sanción. Que esta se haya impuesto en grado mínimo no convierte en leve una infracción que el acto administrativo califica como grave.
Otro límite afecta al pago. La deudora alegó que cumplía un aplazamiento, que la sanción ya estaba amortizada y que abonaría un eventual remanente. Esas manifestaciones figuran en el fundamento primero.3, pero no constituyen la razón decisoria: el fundamento segundo.3 examina una sanción no satisfecha íntegramente. No cabe extraer de ese relato una doctrina según la cual el pago posterior a la solicitud subsane cualquier impedimento. Para las muy graves sigue siendo relevante la satisfacción íntegra en la fecha exigida por el artículo 487.1.2.º.
Puede ocurrir, además, que una deuda por sanción muy grave subsista aunque no opere aquella causa de exclusión, por razones relativas al ámbito material o temporal. Esa posibilidad resulta de la lectura conjunta de los artículos 487 y 489, siempre que el crédito siga vigente y no concurra otro impedimento. No es un supuesto resuelto por la sentencia comentada. Esta tampoco decide el tratamiento de toda sanción impugnada; los procedimientos pendientes deberán examinarse, además, a la luz del artículo 493.1.3.º y de sus requisitos de revocación.
La conclusión de Cueva y Roza es favorable al criterio de la STS 1657/2026, con el alcance que resulta de su relación con las demás resoluciones. Las SSTS 1551/2026 y 1552/2026 explican por qué las graves no justifican la denegación por el solo umbral económico o por proceder de la TGSS. La STS 259/2026 conserva su función respecto de las muy graves; la STS 1659/2026 exige atender a la conducta que sustenta la derivación, y la STS 260/2026 obliga a delimitar después las deudas afectadas.
La sentencia comentada refuerza, así, la defensa frente a la exclusión indiscriminada por sanciones graves de Seguridad Social. Su aplicación exige mantener separadas las dos decisiones que atraviesan toda esta jurisprudencia: si el deudor puede obtener la exoneración y qué créditos quedan comprendidos en ella. Esa distinción permite aprovechar la doctrina del Supremo sin atribuirle una cancelación general del crédito público que no ha declarado.
Preguntas frecuentes
No por sí sola. Según las SSTS 1551/2026, 1552/2026 y 1657/2026, una sanción grave no basta para negar la exoneración, venga de Hacienda o de la Seguridad Social. Pueden existir otros impedimentos, pero tienen que alegarse y probarse por separado.
Si es firme, de los diez años anteriores a la solicitud y no está pagada entera en la fecha en que se presenta, impide la exoneración de todas las deudas, también las privadas (STS 259/2026). Ofrecer que la multa quede sin cancelar no lo evita.
Si es grave, no de forma automática. En la STS 1551/2026 el Supremo concedió la exoneración aunque las sanciones graves sin pagar sumaban 8.893,84 euros.
No necesariamente. Después de conceder la exoneración hay que ver qué deudas quedan comprendidas: según la STS 260/2026, el crédito público subordinado, que es donde se clasifican las multas, puede cancelarse; el resto tiene límites, y las deudas por sanciones muy graves quedan fuera de la exoneración (artículo 489.1.6.º TRLC).
Dirigido por Diego Cueva Díaz, socio director y colegiado n.º 3120 del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, con más de 25 años de ejercicio.



