Estar en un fichero de morosos sin deber nada da derecho a una indemnización. El Tribunal Supremo la sitúa en torno a 5.000 euros cuando el dato se ha difundido y el acreedor ha ignorado las peticiones de cancelación. Pero desde 2026 la Sala ha cerrado la puerta a quien, aunque el banco no le avisara, sigue debiendo de verdad.
Asnef, Experian o Equifax son nombres que muchos ciudadanos descubren el día en que les deniegan un préstamo, una tarjeta o un contrato de teléfono. La inclusión indebida en uno de estos ficheros vulnera el derecho al honor (art. 18.1 de la Constitución) y obliga a indemnizar conforme a la Ley Orgánica 1/1982.
La pregunta práctica es doble: cuándo hay derecho a indemnización y cuánto se cobra. En este artículo analizamos ocho sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo dictadas entre mayo de 2024 y octubre de 2026, que responden a ambas cuestiones y muestran un cambio de rumbo relevante.
Primer requisito: que la inclusión sea realmente indebida
Sin intromisión ilegítima no hay indemnización. Y para el Supremo la intromisión típica es una sola: aparecer como moroso sin serlo.
La deuda tiene que existir y el banco debe probarla
La comunicación a un fichero exige una deuda cierta, vencida y exigible. La STS 438/2026, de 19 de marzo, lo deja claro: si el afectado niega la deuda, es el acreedor quien debe demostrarla. No basta con afirmar el impago ni con aportar cartas o cláusulas de protección de datos. Hay que identificar el contrato, el importe y por qué era exigible.
En aquel caso el banco no lo hizo, y el Supremo confirmó la condena de primera instancia a pagar 4.000 euros. Si la deuda no se acredita, sobra discutir si hubo o no aviso previo.
El aviso previo de pago: importante, pero ya no decisivo
La ley exige que, antes de la inclusión, el acreedor requiera el pago y advierta de que el impago puede acabar en el fichero (art. 20 de la Ley Orgánica 3/2018). Durante años, la falta de ese aviso fue el motivo estrella de muchas demandas.
El Supremo ha rebajado mucho su peso. Según las SSTS 5/2026, de 8 de enero, y 1660/2026, de 27 de octubre, el requerimiento solo sirve para proteger a quien dejó de pagar por un descuido o un error bancario. Por eso no hay intromisión, aunque falte el aviso, en dos casos:
- El afectado ya figuraba en el fichero por otras deudas. Lo que daña el honor es aparecer como moroso sin serlo, no aparecer por una deuda más.
- La deuda es real y sigue sin pagarse. Si el afectado conoce la inscripción y no paga, el aviso no habría cambiado nada.
La STS 5/2026 añade que basta enviar el aviso a un domicilio adecuado, como el que figura en las facturas. Que el deudor tenga varias direcciones no invalida el requerimiento, salvo que hubiera comunicado al acreedor un cambio de domicilio.
El caso de la STS 1660/2026 es elocuente. La demandante acumulaba catorce anotaciones en tres años y no había pagado la deuda litigiosa. Ganaba en primera y segunda instancia por falta de prueba del aviso, pero el Supremo desestimó la demanda y habló de una «banalización» de los derechos fundamentales propia de la litigación en masa.
El daño se presume: no hay que demostrarlo, pero sí medirlo
Una vez declarada la intromisión, el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 presume que existe perjuicio. El Supremo considera esta presunción absoluta (iuris et de iure), como recuerdan las SSTS 1835/2025, de 12 de diciembre, y 983/2026, de 22 de junio. El afectado no tiene que probar que sufrió un daño: tiene derecho a ser indemnizado.
Otra cosa es cuánto. Según la doctrina que recogen las SSTS 597/2024, de 6 de mayo, y 1614/2024, de 2 de diciembre, la indemnización puede cubrir:
- Daños económicos concretos, como pagar más intereses por un préstamo.
- Daños económicos difusos, como la dificultad para obtener crédito o contratar servicios y el deterioro de la imagen de solvencia.
- Daño moral, es decir, la afectación a la dignidad, propia y ante los demás, y la angustia de las gestiones para salir del fichero.
El Supremo insiste en que, cuando quienes consultaron el fichero son entidades que conceden crédito o servicios, no puede negarse que haya perjuicio económico. La presunción libera de probar el daño, pero los hechos que lo agravan sí deben acreditarse. De ellos depende la cuantía.
¿Cuánto se cobra? Criterios y casos recientes
No existe un baremo legal. La cuantía se fija de forma estimativa y con «prudente arbitrio», pero con un límite claro: las indemnizaciones simbólicas no están permitidas. De las sentencias analizadas se extraen los factores que mueven la cifra:
- Tiempo que los datos permanecieron en el fichero.
- Número de consultas de bancos, financieras o compañías.
- Peticiones de cancelación que el acreedor ignoró.
- Préstamos denegados o encarecidos.
- Gravedad de la imputación: importe de la deuda y si estaba ya pagada o nunca existió.
Así se han aplicado en la práctica:
| Sentencia | Qué se probó | Instancias | Supremo |
|---|---|---|---|
| STS 983/2026, de 22 de junio | Deuda pagada cuatro años antes e imputada por 18.400 €; unos 14 meses en Asnef; 15 consultas; 8 peticiones de baja ignoradas | 5.000 € en primera instancia; 1.500 € en la Audiencia | 1.500 € es «muy bajo»: restablece 5.000 € |
| STS 597/2024, de 6 de mayo | Más de un año en Asnef y Experian; 40 y 20 consultas; baja ignorada | 1.000 € en ambas instancias | Indemnización simbólica: la eleva a 5.000 € |
| STS 1835/2025, de 12 de diciembre | Deuda real reclamada en dos monitorios; solo faltaba el aviso previo | 1.500 € en la Audiencia | No es simbólica; no la aumenta |
| STS 1614/2024, de 2 de diciembre | Dos meses en dos ficheros por unos 121 €; sin créditos denegados ni gestiones | 500 € en ambas instancias | No es simbólica; la mantiene |
La lectura es clara. Cuando el dato se ha difundido y el acreedor ha desatendido las peticiones del afectado, el Supremo considera insuficientes cantidades de 1.000 o 1.500 euros y se sitúa en torno a 5.000 euros. La STS 983/2026 habla expresamente de un «criterio de adecuación por contraste con otros asuntos resueltos recientemente por la sala». En cambio, en inscripciones breves, de poco importe y sin consultas acreditadas, 500 euros puede bastar.
Lo decisivo no es tanto el importe de la deuda como cuánta gente vio el dato y cómo reaccionó el acreedor cuando se le pidió la baja.
Cuando el afectado es un moroso real
La STS 1835/2025, de 12 de diciembre, resolvió el caso de un demandante que había dejado impagados dos préstamos y acumulaba dos procedimientos monitorios con sus ejecuciones. La Audiencia apreció la intromisión solo porque faltaba el aviso previo y concedió 1.500 euros de los 10.000 reclamados.
El Supremo rechazó aumentar la cantidad. La inclusión coincidía «plenamente con la realidad objetiva de su situación de impago», y dar más «acabaría premiando al recurrente» y le enriquecería injustamente. La Sala aclaró que no le quitaba la indemnización solo porque el banco no había recurrido.
La conclusión es importante: cuando el dato del fichero es verdadero, el daño al honor es mínimo. Hoy, con las SSTS 5/2026 y 1660/2026, ese mismo caso terminaría probablemente en una desestimación de la demanda y con condena en costas.
Un error procesal que cuesta la indemnización
La STS 191/2025, de 6 de febrero, analiza una estrategia que se había extendido: primero se pide que se declare la intromisión y la cancelación del dato, y después, en otro pleito, se reclama la indemnización. En aquel caso la Audiencia había concedido 6.000 euros en el segundo pleito.
El Supremo anuló esa condena. La pretensión de indemnización había precluido (arts. 219, 222 y 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), porque nada impedía pedirla en la primera demanda. La Sala calificó el fraccionamiento de «abuso del proceso», explicable por «la posibilidad de obtener sucesivas condenas en costas».
La lección es sencilla: la indemnización se pide en la misma demanda en la que se denuncia la inclusión, y con una cantidad concreta. La propia sentencia vio como indicio del abuso que la segunda demanda dejara la cuantía «a lo que estime Su Señoría».
Claves prácticas
Si aparece usted en un fichero de morosos, la jurisprudencia de 2024-2026 permite resumir lo esencial en seis puntos:
- Lo primero es la deuda. Si no existe, está pagada o el acreedor no puede probarla, la intromisión es clara (STS 438/2026).
- El aviso previo ya no basta por sí solo. Si hay otras anotaciones o la deuda es real y sigue impagada, la demanda fracasará (SSTS 5/2026 y 1660/2026).
- Pida la baja por escrito y guárdelo. Las peticiones ignoradas son uno de los factores que más elevan la indemnización (SSTS 597/2024 y 983/2026).
- Solicite al fichero el historial de consultas. El número de entidades que vieron el dato pesa en la cuantía.
- Conserve las denegaciones de crédito o servicios. Acreditan el perjuicio económico.
- Reclame todo en una sola demanda y cuantificado. Dividir el pleito puede costar la indemnización (STS 191/2025).
Conclusión
El Tribunal Supremo protege con firmeza a quien es tratado como moroso sin serlo. Rechaza las indemnizaciones simbólicas y sitúa la reparación en cifras de alrededor de 5.000 euros cuando la difusión y la conducta del acreedor lo justifican. Al mismo tiempo, ha cerrado la vía a las demandas basadas solo en defectos formales del aviso cuando el afectado es deudor real.
En Cueva y Roza Abogados analizamos cada caso antes de demandar: revisamos la deuda, el historial del fichero y la documentación del acreedor para valorar si existe una reclamación sólida y cuál puede ser su alcance. Si sus datos figuran en un fichero de morosos y cree que no deberían estar ahí, consúltenos.
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Este artículo tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico sobre ningún caso concreto.
Sentencias citadas
Todas son de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y se pueden consultar en el CENDOJ.
- STS 1660/2026, de 27 de octubre — ROJ STS 4357/2026, ECLI:ES:TS:2026:4357
- STS 983/2026, de 22 de junio — ROJ STS 2714/2026, ECLI:ES:TS:2026:2714
- STS 438/2026, de 19 de marzo — ROJ STS 1247/2026, ECLI:ES:TS:2026:1247
- STS 5/2026, de 8 de enero — ROJ STS 1/2026, ECLI:ES:TS:2026:1
- STS 1835/2025, de 12 de diciembre — ROJ STS 5827/2025, ECLI:ES:TS:2025:5827
- STS 191/2025, de 6 de febrero — ROJ STS 548/2025, ECLI:ES:TS:2025:548
- STS 1614/2024, de 2 de diciembre — ROJ STS 5990/2024, ECLI:ES:TS:2024:5990
- STS 597/2024, de 6 de mayo — ROJ STS 2173/2024, ECLI:ES:TS:2024:2173
Preguntas frecuentes
No hay baremo legal. Cuando el dato se ha difundido y el acreedor ignoró las peticiones de baja, el Supremo se sitúa en torno a 5.000 euros (SSTS 597/2024 y 983/2026). En inscripciones breves, de poco importe y sin consultas acreditadas, 500 euros puede bastar (STS 1614/2024).
Ya no basta con eso. Si la deuda es real y sigue sin pagarse, o si ya figuraba en el fichero por otras deudas, no hay intromisión aunque falte el aviso (SSTS 5/2026 y 1660/2026).
No. La ley presume el perjuicio una vez declarada la intromisión. Lo que sí conviene acreditar son los hechos que lo agravan, como las consultas de entidades, las peticiones de baja ignoradas o los créditos denegados, porque de ellos depende la cuantía.
No. Según la STS 191/2025, la indemnización tiene que pedirse en la misma demanda en la que se denuncia la inclusión y con una cantidad concreta; si se deja para otro pleito, se pierde.
Dirigido por Diego Cueva Díaz, socio director y colegiado n.º 3120 del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, con más de 25 años de ejercicio.
